El Consejo Regulador de la DO La Mancha analiza el inicio de trámites judiciales en previsión de posibles delitos contra la propiedad industrial de los vinos amparados.
La Denominación de Origen La Mancha considera fundamental la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la trazabilidad y la calidad de los vinos amparados por dicho marchamo.
Recalcar que todos los vinos comercializados al amparo de esta figura de calidad deben proceder de bodegas auditadas para el alcance de la DO La Mancha por empresas acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en la Norma UNE-EN/ISO 17065 de Certificación de Producto, que son las encargadas de velar en el cumplimiento del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen La Mancha.
En el caso de los vinos se trate de auditar, precisamente, que cumplen los requisitos, lo que permite a las bodegas declarar partidas aptas y poder recibir del Consejo Regulador las precintas de garantía o tirillas, que llevan una numeración única y en las que se indica el tipo de vino del que se trata (joven, tradicional, envejecido en barrica, crianza, reserva, gran reserva o espumoso).
Asimismo, en el Pliego de condiciones se indica específicamente que “la elaboración de los vinos amparados por la Denominación de Origen La Mancha se realizará exclusivamente en bodegas de la zona de producción La Mancha inscritas en el Registro de Bodegas de la Asociación Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha”.
En cualquier caso, aunque la capacidad sancionadora va más allá de lo estipulado en el reglamento interno, son otros organismos los que deben aplicar la ley en los infractores, con el firme compromiso de garantizar al consumidor la trazabilidad y calidad del vino al amparo de esta figura de calidad, por lo que la ICRDO La Mancha es la institución más interesada en que se agilicen los trabajos pertinentes por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, finalmente, de la Justicia ordinaria.